Mientras que Ayuntamientos como Serra, Picassent, La Pobla de Vallbona y otros muchos, continúan solucionando en sus urbanizaciones el problema del alcantarillado y de su legalización urbanística mediante actuaciones parciales de los mínimos exigibles, por gestión directa del propio Ayuntamiento, a través de proyectos de obra ordinaria (13 €/m2), y contando además con el consenso de los vecinos, el Ayuntamiento de Llíria persiste en un incomprensible enfrentamiento con esta Federación y con todas las urbanizaciones y vecinos que representa, tratando de imponer la Gestión Indirecta (ejecutada por los propios vecinos) y la realización completa del Programa de Actuación Integrada (PAI) con unos precios inasumibles dada la situación socio-económica de esta población (50 €/m2).
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