La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que condena al Ayuntamiento de Llíria a pagar a la empresa AQUAGEST 2’4 millones de euros, ha terminado, como siempre, repercutiendo en los bolsillos de los vecinos, en vez de utilizar el canon recibido por el cambio de concesionaria en la gestión municipal del agua, para pagar parte de la deuda contraída en los 10 últimos años.
En la actual situación, el recibo del agua supone para cada usuario un aumento que va desde el 30% al 49% (según consumos), discriminando a los usuarios dependiendo del lugar donde tengan la vivienda, siendo mucho mayor en las urbanizaciones.
El estudio económico-financiero, ni avala ni justifica esta discriminación de precios.
Muchos vecinos se han sumado a la protesta firmando las alegaciones en contra de la subida del agua pidiendo que se anule y deje sin efecto la ordenanza por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable.
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