El Consejo ha tenido acceso al documento que recoge de forma explicita todas y cada una de las reivindicaciones que venimos formulando desde hace meses e incluso años y que nos da la razón.

El Consejo ha tenido acceso al documento que recoge de forma explicita todas y cada una de las reivindicaciones que venimos formulando desde hace meses e incluso años y que nos da la razón.
El alcalde y la concejalía de urbanismo deberá responder ante la justicia por la falta de alcantarillado en las urbanizaciones y la alarma social creada con el anuncio de denuncias masivas
El pasado mes de julio, el Consejo de las Urbanizaciones de Llíria interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Medio ambiente en la que se ponía de manifiesto la carencia de un servicio esencial que debe prestar el ayuntamiento como es el alcantarillado.
En la denuncia se matizaba que la red subterránea de alcantarillado es una competencia directa del municipio y es su obligación, según establece el articulo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, prestar este servicio a sus vecinos, ya que por el contrario se estaría vulnerando la legislación medioambiental por la contaminación directa de los acuíferos que están provocando las miles de fosas sépticas de los diferentes núcleos urbanos que existen en el termino municipal de Llíria.
Según el Consejo, la alcaldía y la concejalía de urbanismo no han hecho nada por dar solución a este problema de contaminación de acuíferos, todo lo contrario, están bloqueando los proyectos urbanísticos que las diferentes asociaciones de vecinos han presentado hace varios años en el ayuntamiento y en los cuales se contempla la conexión mediante alcantarillado a la red general de colectores.
A principios de los años noventa, y dada la gran problemática y dispersión de núcleos urbanos que existían en el termino municipal de Llíria, y el elevado número de fosas sépticas, se aprobó la construcción de tres ramales de colectores generales, de los cuales ya hay ejecutados dos y el tercero en fase de licitación. A estros, debían de ir conectándose gradualmente todas y cada una de las urbanizaciones, dejando de verter y contaminar los acuíferos de la zona.
Por parte del consejo de las urbanizaciones se ha manifestado en reiteradas ocasiones la voluntad de ir ejecutando los proyectos de conexión secundarios a estas redes generales, pero el ayuntamiento ha hecho caso omiso y a fecha de hoy únicamente hay dos núcleos conectados, de los cerca de 35 que está previsto.
La reacción municipal frente la denuncia presentada por el Consejo de las Urbanizaciones fue hacer una anuncio donde se planteaba denunciar masivamente a todos los vecinos de las urbanizaciones de manera indiscriminada por mantener las fosas sépticas y obligarles a colocar una depuradora individual, sin plantearse tan siquiera la ejecución de una Plan de Saneamiento Municipal que, de manera gradual conectase a los diferentes núcleos de población a las redes generales, tal y como había planteado el Consejo al pleno municipal mediante una moción de la oposición.
Según el consejo, el PP de Llíria y concretamente el alcalde y su concejala de urbanismo han actuado contra los vecinos de las urbanizaciones, impidiendo o paralizando la tramitación de los diferentes proyectos urbanísticos y creando una alarma social al querer imponer sanciones indiscriminadas por un tema que es responsabilidad única y exclusivamente suya, como es la dotación de un sistema de alcantarillado público.
Ante la denuncia interpuesta, la Fiscalía de Medio Ambiente ha notificado al consejo que se han abierto Diligencias de Investigación Penal y ya se ha designado al Fiscal Instructor.
Igualmente, el Consejo recuerda que esta denuncia también ha sido interpuesta ante la Confederación Hidrográfica (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y ante la Conselleria de Urbanismo y Medio Ambiente, de las cuales se espera que actúen diligentemente y, tal y como piden en el escrito, se tomen las medidas legales y administrativas pertinentes a fin de instar al consistorio para que ejecuten los proyectos de obras ordinarias, a los efectos de dotar de alcantarillado a todas la urbanizaciones que no lo tengan para ajustarse a la legalidad medioambiental.
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